Energía Eléctrica un derecho fundamental para todas las personas: Betty Marmolejo
Betty Marmolejo, candidata a diputada federal de la Coalición Fuerza Corazón por México PAN-PRI-PRD, por el Distrito VI, detalló que durante sus recorridos por colonias y comunidades, una de las quejas más frecuentes entre la población, son las fallas en el suministro de energía eléctrica. Explicó que esta situación afecta a miles de familias y que el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como derecho fundamental.
“La energía eléctrica tiene un papel central en los Derechos Humanos y la vida cotidiana. Se trata de un recurso indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales para la vida digna de todas las personas, como son: la educación, la salud, la vivienda digna, la igualdad, la seguridad, el medio ambiente, el trabajo, el internet y las tecnologías, entre otros”.
De acuerdo con Marmolejo Rojas, en 2019 el Poder Judicial de la Federación emitió un criterio en donde se reconoce que el ejercicio de los derechos humanos económicos, sociales y culturales se encuentra estrechamente ligado a la energía eléctrica. Mencionó que esta es utilizada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones.
“Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho fundamental por ser una condición necesaria para el goce de múltiples derechos humanos”.
La candidata señaló que de acuerdo con el informe 2010-2019 de la Comisión Federal de Electricidad, 1.8 millones de personas carecen de luz, lo que equivale al 1.5 por ciento de la población nacional. Añadió que dentro del mismo periodo, se cuadruplicó la cartera vencida y pasó de 13 mil 490 millones de pesos, durante 2010, a 55 mil 587 millones de pesos en 2019.
En este sentido, destacó que es necesario establecer que el Estado Mexicano en sus tres poderes, instituciones y órdenes de gobierno, deben de salvaguardar la prestación continua del servicio de energía eléctrica, para garantizar ese derecho fundamental. Asimismo, asegurar su disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, la cual deberá obligar al diseño de un nuevo sistema tarifario desde una perspectiva de derechos humanos.